No cabe duda de que cualquier cese de la violencia, en cualquier caso, es motivo de tranquilidad y alegría. En un segundo plano queda, casi para el 100% del común de los mortales qué precio paga una sociedad por ese tan ansiado cese de la violencia. Aunque nos da un poco de miedo poner este asunto encima del tapete, ciertamente creo que resulta, cuanto menos llamativo por cínico y me veo obligada a plantearlo.

Imagen descargada de pixabay.com, bajo licencia Creative Commons CC0

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Se ha preparado un documento de unas 297 páginas, se ha trabajado durante más o menos cinco años. No dudo de lo difícil que haya podido resultar no solo su redacción sino la mediación con ambas partes pero, aún esperando el resultado del referéndum, me «sorprende» cuanto menos, el poder plantear que personas que han quitado la vida a otras personas vayan a quedar impunes.

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Que no se denomine dentro de ese texto el término «asesinato» ni «secuestro» ni «víctimas sino combatientes». Me cuesta mucho encajar que alguien que ha ideado secuestros, asaltos, mucho sufrimiento vaya a quedar impune, impune ante la ley, impune ante la sociedad e impune ante las instituciones de las que va a vivir de ahora en adelante. No puedo entender cómo un grupo terrorista, que no solo es un grupo terrorista sino una organización criminal que se ha servido hasta del narcotráfico para su supervivencia se vaya a sentar en las instituciones entonando un perdón sincero o no, sin haber pagado con penas por los crímenes cometidos. Es completamente inverosímil que una sociedad acepte de buen grado esto. Que un estamento político lo normalice y lo promocione.

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Yo no se si las dificultades que veo en este proceso las veo porque soy española y no alcanzo a entender la idiosincrasia al otro lado del atlántico o porque como española que ha convivido muchos años con atentados terroristas de ETA y, habiendo finalizado ese tormentoso periodo, no se han perdonado sin pasar por los correspondientes procedimientos judiciales por sus crímenes. Es que no entendería ni como ciudadana ni como abogada que no actuara el poder judicial ante un hecho antijurídico, independientemente del entorno político del momento, eso no es seguridad jurídica. No es seguridad jurídica ni en Madrid ni en Pekin ni en Bogotá. Si esto no ocurre, debe ser porque no sabemos toda la verdad.

¿Cómo van a pagar ahora los colombianos los sueldos de esa nueva clase política que nació del crimen? ¿Cómo se van a sentar en cumbres internacionales con sus homónimos españoles, franceses o japoneses? ¿Con qué cara y fundamentos van a plantear iniciativas legislativas? ¿Van a ser realmente iguales cuando firmen un tratado con cualquier otro país? ¿Van a ser de fiar para esas firmas? ¿Los vamos a tratar como al resto de mandatarios cuando vengan de visita oficial? ¿Se nos mostrarán como el ejemplo de «progreso social»? Cierto es que la respuesta a estas preguntas es completamente abrumadora.

Por otro lado también me ha sorprendido que en las última noticias que he ido buscando respecto de la participación ciudadana, ésta no ha sido masiva, al margen de si votan sí o no. En la capital, para la gente ha pasado muy desapercibido y eso es cuanto menos … ¿escandaloso?. Caben varias explicaciones; que no se le haya dado la notoriedad a nivel interno en el país que se le ha dado en el ámbito internacional, o que la ciudadania no se lo crea. Cuanto menos resulta un fenómeno digno de estudio francamente, y en el que el tiempo será el único que nos diga toda la verdad.

Publicado en Diario el Sol de Lorca el pasado 2 de octubre.

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