Siempre he defendido que el Derecho no puede compararse a las matemáticas, salvo en la cantidad de problemas que tiene cada uno o en la dificultad de entender el razonamiento o (re)soluciones en determinados casos. Pero nada más.

En Derecho se dan muchas «propiedades»: privada, compartida, intelectual, industrial… pero no la «conmutativa». Eso queda para los matemáticos, físicos y otros «de ciencias». En Derecho el orden de los factores sí altera el resultado.

Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, pues últimamente, con tal de conseguir un titular, un puñado de votos, una palmadita en la espalda o la atención internacional, se están alterando el orden de las palabras bajo la excusa de que ambas deben aparecer en la misma frase «y es lo mismo».

Y no siempre es válido, valga como ejemplo el actual. Así, se está proclamando que el procedimiento seguido contra la mesa del Parlament(o) catalán y su gobierno es un «juicio político», y los que hoy están en prisión PREVENTIVA son «presos políticos». Pues no es así, lamento decirles.

Lo que es, en realidad, es un «político en juicio», y los que están en prisión PREVENTIVA son «políticos presos». Aunque parezca lo mismo, es diametralmente opuesto.

El preso político es aquel que por tener ideas contrarias al régimen establecido es encarcelado (véanse los comunistas en época franquista o los opositores a Chávez y Maduro en Venezuela -aunque algunos no quieran reconocerlo). Son todos los que defienden esas ideas los que acaban «entre rejas».

El político preso es aquel que, ejerciendo su cargo -o en ocasiones esto como azar- cometen un acto contrario al ordenamiento penal y condenado por sentencia firme (o auto motivado).

Los que hoy quieren ser llamados «presos políticos» ni son presos ni son «presos políticos». Tal es así que no se lleva a prisión a todo independentista o contrarios al «régimen del PP». Del millón y pico largo de independentistas -los dos millones que salieron en las papeletas los cuentan de poblaciones con más votaciones que habitantes, de votantes con derecho a tantos votos como quiera, o de urnas que ya ejercieron antes de empezar su derecho a voto- se está juzgando a unos 15. El resto puede, y de hecho hace, lo que considera conforme a sus ideales: se quejan en la TV, hacen programas en los mismos, se manifiestan sin problemas,… No están perseguidos, imputados o condenados. No, no hay «presos políticos» ni represión política.

Lo que sí hay son políticos en prisión, aunque sea en preventiva, como José Ignacio González (PP) o Jauma Matas (PP), y otros muchos que pasarán por allí (Rato, Castedo…). No por ser políticos, por tener un ideario distinto al «popular», sino por actuar contra las normas (penales, se entiende).

En la misma tesitura se encuentran ahora mismo aquellos que promovieron y declararon la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la formación de un Estado con forma de República: no por sus ideales, sino por actuar contra el ordenamiento, previamente tipificado, y a sabiendas de su ilegalidad. Pero es más, NO ESTÁN CONDENADOS a día de hoy.

De momento, como a cualquier investigado, se les ha dado traslado de la imputación que le efectúa el Ministerio Fiscal por unos actos -que ellos mismos se han encargado de hacer públicos- para que puedan defenderse. Lo de estar en prisión preventiva obedece a un auto motivado de la Audiencia Nacional, con el fin de asegurar tanto que estarán presentes durante la instrucción y posterior juicio (si así se solicita), que no vayan a destruir pruebas, entorpecer la investigación… Está regulado en la L.E.Crim. y C.P., matizado por el T.C. desde hace muchos años, y puede ser recurrido.

No responde a un mandato gubernativo, sino legal. Tanto jueces como fiscales vienen obligados a intervenir ante el conocimiento de la «notitia criminis», ya sea un político, un abogado, o un conductor. De momento se investiga. Ya veremos si se condena o no.

Esa, para nada sutil, diferencia tiene que ser sabida de antemano por abogados, fiscales, jueces y, sobre todo, por aquellos cuyas apariciones en público y declaraciones infieren con mucho en la percepción, conocimiento y voluntad de sus seguidores, máxime si son representantes públicos.

Se da la circunstancia de que han aflorado determinados pseudo-políticos, los cuales son a la política lo que la homeopatía a la medicina: para determinados dolores (o «manifestaciones») son estupendos, pero para cosas «más graves» no se deben ni tener en cuenta, es un peligro para la salud. Y estos señores, que aprovecharon la consideración que consiguieron por defender a los más necesitados frente a una opresión bancaria, se autoconstituyeron en paladines para la defensa de unas normas que, como demuestran ahora, desconocen por completo, incluso su significado.

En este sentido, es un peligro mayúsculo propagar la falacia de que la actuación judicial es una venganza política -pues no lo es-, y que las resoluciones judiciales llevan a la disolución de la democracia.

De sobra saben, y si no se lo digo ya, que si el Estado español ha contravenido la Declaración Universal de Derechos Humanos, pueden acudir de inmediato tanto a la ONU como al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pueden acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recurrir las resoluciones que consideren injustas o que violen los derechos humanos, que hayan dictado nuestros tribunales (como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y, ahora también, la Audiencia Nacional, entre otros). Además estos tribunales se encuentran en Estrasburgo y Luxemburgo, con lo cual poco podrá hacer el «régimen totalitario del Gobierno Español» para influir.

De momento no han presentado nada. Pero sí vociferan proclamas de violación de derechos humanos y represión política.

No encuentro, todavía, qué es lo que quieren conseguir, pero sí se intuye lo que van a conseguir. Pretender conseguir con proclamas o manifestaciones políticas el cambio de resoluciones judiciales (en vez de la legislación que dan lugar a las resoluciones judiciales) es intervenir en la independencia del Poder Judicial. Ese intervencionismo -contra el que dicen actuar- es la base de un régimen totalitario -resoluciones judiciales bajo la decisión del poder ejecutivo-, y el fin de la democracia -división de poderes.

Defiendan sus ideales, cambien las normas si no les gustan. Pero no arenguen a la población con falsas proclamas, interpretaciones demagógicas para que sean ellos los que mueran por unos falsos ideales, mientras ustedes leen con pena las esquelas en el periódico mientras toman un buen chocolate belga.

Está claro que, como aquellos que nacimos con la Constitución vigente, no saben lo que costó conseguir la democracia, pues nadie es consciente del valor de lo que no ha pagado. Pero sí sabremos a este paso lo bueno que era, pues no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde.

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